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La Ley 80 de 1993 -a mi juicio- hizo tres aportes gruesos a la contratación pública con los que superó a su antecesor Decreto Ley 222 de 1983.

La Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” establece en su artículo primero que aquella tiene por objeto “disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales”.

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades se justifica en la necesidad de asegurar la primacía del interés general, para el que aquellos fueron establecidos, sobre el interés particular.

El Consejo de Estado en auto del 18 de abril de 2013 expediente 17859 había unificado su posición entorno a la renuncia tácita indicando que si las partes de un contrato estatal celebran un pacto compromisorio

El artículo 13 de la Constitución Política, además de erigir a rango superior el Derecho de Igualdad en nuestro ordenamiento jurídico, establece la obligación para el Estado de promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y de adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

En primer lugar debemos definir qué es el anticipo y diferenciarlo del pago anticipado. Históricamente se creyó que el anticipo era un préstamo que hacía la entidad al contratista para que costeara las primeras actividades propias de la ejecución;

Lo falaz, según la RAE, es algo “Embustero, falso”. Creemos que la forma de medir la capacidad financiera en los procesos de selección de contratistas del Estado Colombiano, lo es.

Se echó de menos en la Ley 80 de 1993 la regulación de la figura de la interventoría, habida cuenta que su estatuto antecesor, el Decreto 222 de 1983, establecía los artículos 120 a 123:

El 15 de enero de 2018 se sancionó la Ley 1882 de 2018 "Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones".